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Un fallo ratifica el cese del hostigamiento policial a adolescentes

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La jueza Marcela Pájaro ratificó pautas de conducta y accionar para los policías en Bariloche que deben estar identificados con sus nombres, con rostros descubiertos y vehículos patentados y oficiales ante cualquier intervención donde se vinculen a adolescentes.

Estas pautas junto con el cese de hostigamientos de uniformados hacia menores fueron ratificadas en un reciente fallo que dio a conocer el Movimiento de la Infancia y que confirma en todos los términos una medida cautelar ya adoptada en junio por la misma jueza.

Las disposiciones de la titular del Juzgado de Familia N°7 de Bariloche surgen como respuesta a un hábeas corpus presentado por el Movimiento de la Infancia y la Fundación Gente Nueva, ante un episodio con adolescentes de la escuela Amuyén del barrio Virgen Misionera quienes fueron abordados por policías sin identificación en una parada de colectivos, les arrojaron gas pimienta y recibieron golpes. En un segundo hecho, la escuela denuncia la presencia de vehículos no identificados y con armas de grueso calibre en las inmediaciones del establecimiento.

Según la información difundida por el Movimiento de la Infancia, la jueza acreditó “limitaciones a la libertad, amedrentamiento, hostigamiento por parte del personal policial sin ningún tipo de justificación o motivo y que este colectivo de estudiantes tiene razones fundadas y objetivas para temer por su libertad ambulatoria e integridad”.

El fallo no fue difundido en su totalidad por las agrupaciones que integran el movimiento ni tampoco -hasta el momento- por el Poder Judicial.

El Movimiento de la Infancia indica que en su respuesta a la jueza, el ministro de Seguridad, Gastón Pérez Estevan, señaló como eventual “solución” a la problemática, el retiro de la fuerza policial del barrio Virgen Misionera, absteniéndose de realizar rondines, patrullas motorizadas y peatonales.

La jueza consideró que la “insólita respuesta del señor ministro no puede soslayarse, ya que implica desentenderse de la seguridad de los barrios si no se admite el accionar ilegítimo de ciertos agentes policiales. Esto aparejaría además la virtual creación de zonas liberadas y el enfrentamiento entre vecinos”.

El fallo indica que la Policía reconoció la existencia de motos sin patente y la falta de identificación de los agentes.

Agrega que en los hechos que conforman el expediente judicial no se menciona ni acredita ningún vínculo de los adolescentes afectados con hechos delictivos, y admite que los estudiantes son víctimas y destinatarios de “conductas inapropiadas, de hostigamiento y persecución, de amedrentamiento de personal policial en actitudes de claro e injustificado abuso de poder”.

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