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Solicitarán a Nación que no obstruya acceso o continuidad de pensiones por discapacidad

El 1 de febrero último, a través de la resolución 39/2019 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que aprobó el circuito de confección del Certificado Médico Oficial (CMO), correspondiente a las solicitudes de Pensiones no Contributivas por Invalidez. “Es un nuevo embate sobre las personas con discapacidad”, definió Marks.

La resolución plantea que toda Pensión no contributiva que se inicie a partir de su publicación deberá contar con el Certificado Médico Oficial (CMO) digital y que ya no serán válidos los certificados en papel; sin embargo “se está citando vía carta documento a personas con discapacidad que ya cuentan con la Pensión no contributiva, a presentarse en un plazo de 60 días para renovar su certificado original, caso contrario se resuelve la suspensión del beneficio”, alertó la edil.

La situación fue abordada en la sesión del Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad, que tuvo lugar el día 12 de marzo de 2019, con la presencia del responsable de ANSES Bariloche, Santiago Palmeyro.

Ante esta preocupación, los concejales requerirán a la Agencia Nacional de Discapacidad que se abstenga de generar cualquier normativa o resolución que incumpla con los lineamientos de la convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad. Además de exigir que no avance con notificaciones para actualización del Certificado Médico Oficial (CMO) a aquellas personas con discapacidad que ya sean beneficiarias de la pensión no contributiva por invalidez.

La concejal evaluó que la medida del gobierno nacional no es aislada, y recordó que en 2017 dio de baja 170 mil pensiones no contributivas por invalidez. Pese a las duras críticas recibidas de distintos sectores políticos y sociales y particularmente de las organizaciones de personas con discapacidad, que denunciaron cómo esta decisión sometía a una situación de extrema vulneración a las personas afectadas, el hecho debió judicializarse.

El fallo de la jueza Adriana Cammarata le exigió al gobierno de Mauricio Macri, restituir en un plazo de diez días todas las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido dadas de baja. No obstante, el gobierno no sólo apeló este fallo, sino que subió la apuesta.

El 20 de setiembre se publicó en el Boletín Oficial la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad 268/18 que establece que todo aquel que haya sido notificado de una baja en su pensión, debe presentarse en el lapso de 10 días en la ANSES para ratificar que cumple con una extensa lista de requisitos. De no hacerlo, automáticamente se le dará de baja el beneficio.

Estos requerimientos se basaban en el decreto 432 de 1997 que no toma en cuenta la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que la Argentina suscribió en 2008, en particular al artículo 28º que en sus incisos determina la obligación de los Estados Parte a garantizar un nivel de vida adecuado y protección social para las personas con discapacidad.

Para la concejal, se trata de un “atajo para burlar el fallo”, aprovechándose “de la dificultad concreta del acceso a la justicia de las mismas, ya que se enfrentan cotidianamente a barreras sociales, culturales, económicas o geográficas, lo cual saben, dificultará la tarea de presentar su descargo y por ende muchas personas perderán su pensión”.

Eliminar las pensiones por invalidez laboral, “es una enorme regresividad de derechos, ya que deja sin la protección del Estado a un grupo social que requiere de este apoyo para la garantía de su vida y autonomía”.

El Concejo barilochense ya emitió comunicaciones para requerir al Gobierno Nacional la derogación de la decisión y que informe la Agencia Nacional de Discapacidad la cantidad de notificaciones por incompatibilidad que han sido emitidas en la ciudad. Información que hasta el momento no fue remitida.

 

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