Noticias De Bariloche

Preocupación por el aumento récord de asesinatos y robos violentos en Uruguay

Un auto de la policía en Montevideo

Los rostros anticipaban malas noticias. El ministro del Interior uruguayo, Eduardo Bonomi, acompañado por el director nacional de Policía, Mario Layera, anunciaron en conferencia de prensa las cifras de delitos cometidos durante el 2018. Y sí, las noticias eran malas, peores de lo que esperaban dirigentes del gobernante Frente Amplio.

El año pasado en Uruguay hubo un aumento récord de los homicidios y de los robos violentos en comparación con el 2017. Los asesinatos pasaron de 284 a 414, lo que implicó un incremento del 45,8%; mientras que las denuncias por robos violentos treparon de 19.441 a 29.904, una suba del 53,8%.

Los hurtos pasaron de 115.549 en 2017 a 145.161 en 2018, un aumento del 25,8%.

Con el crecimiento de los asesinatos, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes llegó a 11,8.

“No estamos en una situación normal, estamos en un avance muy fuerte de la delincuencia en la región, no solo en el Uruguay”, aseguró Bonomi en la conferencia de prensa.

Los datos suponen un golpe para el oficialismo en el año electoral y una señal más de que el presidente Tabaré Vázquez dejará su segundo gobierno sin cumplir con su principal promesa en la campaña pasada: reducir los robos 30% en cinco años.

Tabaré Vázquez (Getty)
Tabaré Vázquez (Getty)

Era 15 de octubre del 2014, faltaban dos semanas para las elecciones nacionales y el entonces candidato por el Frente Amplio apareció en las pantallas de televisión para prometer mejoras en la seguridad pública si ganaba la contienda. Al igual que ahora, la inseguridad era uno de los principales temas de preocupación de los uruguayos, según las encuestas, y ocupa buena parte del debate político.

“Hoy podemos comprometernos a frenar el crecimiento de las rapiñas (robos con violencia o amenaza de violencia) y, en cinco años, reducir el número de hurtos y rapiñas en un mínimo de un 30%. Y vamos a cumplir”, aseguró.

Vázquez ganó las elecciones y el 1º marzo, 10 años después de su primera vez, asumió la Presidencia de la República. Para cumplir con la promesa, decidió mantener en el cargo de ministro a Bonomi, un ex guerrillero tupamaro como José Mujica.

En los primeros años del actual gobierno la Policía logró contener el aumento de la criminalidad. En 2016, el ministerio anunció una caída de los delitos violentos y lo atribuyó a sus estrategias policiales.

La alegría duró poco: en 2017 los crímenes volvieron a crecer. En ese momento, el Ministerio del Interior aseguró que el motivo principal del cambio en la tendencia fue la implementación, en noviembre del 2017, del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Con esa reforma, Uruguay dejó atrás el modelo inquisitivo para pasar a uno acusatorio, oral y público.

El CPP implicó que los delincuentes tuvieran “una persecución penal más benigna, que en alguna medida alentó conductas delictivas ante la ausencia de castigo o persecución penal”, dijo Bonomi en julio del 2018 para justificar el aumento.

En la conferencia de prensa del martes, el ministro volvió a hablar del “factor noviembre” como responsable, al menos en parte, del crecimiento récord de los homicidios y robos violentos ocurrido durante el año pasado.

Las autoridades del Poder Judicial, la Policía y la Fiscalía General debaten desde hace semanas qué responsabilidad real le cabe al nuevo código —al cual ya se le hicieron cambios el año pasado— y qué otras reformas se deben aplicar para mejorarlo.

Sobre el final de la conferencia de prensa, el jefe de Policía enumeró algunas medidas que se adoptaron en los últimos meses para “contener de alguna manera y descender la tendencia de la violencia criminal”. Según Layera, esas decisiones están mostrando resultados que se reflejarán en los datos de mitad de año.

Entre otras medidas, el gobierno modificó el sistema de ingreso a la Policía para que sea más rápido y permita cubrir las vacantes que se producen, decidió “fortalecer” el despliegue de la Guardia Republicana —un cuerpo policial militarizado— para “atender amplias zonas críticas de incremento del delito violento” y aumentar los operativos de control y patrullajes.

l gobierno modificó el sistema de ingreso a la Policía para que sea más rápido y permita cubrir las vacantes que se producen
l gobierno modificó el sistema de ingreso a la Policía para que sea más rápido y permita cubrir las vacantes que se producen

La mayor cantidad de los delitos violentos se produjeron en Montevideo, la capital uruguaya, donde además se concentra la mitad de la población del país. Las víctimas más habituales de los 29.904 robos con violencia del 2018 fueron los transeúntes (49,6%), seguido de los conductores de motos (10,4%) y los comerciantes (10%).

En cuanto a los 414 homicidios, el gobierno sostiene que el 60% responde a conflictos “entre criminales”, el 14% a “violencia intrafamiliar” y el 11% se produjo en el marco de un robo.

Bonomi lleva 9 años al frente del Ministerio del Interior, una permanencia récord en Uruguay. El secretario de Estado, además, ha superado más interpelaciones que ningún otro ministro gracias a que el oficialismo posee mayoría parlamentaria en ambas cámaras.

Eduardo Bonomi (EFE)
Eduardo Bonomi (EFE)

Después de que se conocieran los datos oficiales, los dirigentes de la oposición volvieron a pedir la cabeza del ministro. El senador y precandidato presidencial por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou escribió en su cuenta de Twitter que los gobiernos del Frente Amplio tuvieron “presupuesto, recursos humanos, mayoría parlamentaria, respaldo popular” y aun así no pudieron cumplir con la promesa de bajar los delitos. “No saben o no pueden lidiar con la seguridad pública. Fracasaron”, concluyó.

Jorge Larrañaga, también precandidato de ese partido, dijo que a Bonomi debería darle vergüenza seguir en el cargo. Larrañaga lideró una recolección de firmas para reformar la Constitución y permitir, entre otras cosas, que los militares colaboren con la seguridad interna. Su propuesta superó largamente las 280.000 firmas necesarias, por lo que la reforma será puesta a votación junto con las elecciones nacionales de octubre.

Anticipándose a las posibles críticas, Bonomi dijo a la prensa que el gobierno no medía su trabajo “solo en base a resultados”, sino que tenía en cuenta también lo que “ha logrado evitar”.

“¿Qué hubiera pasado si no se hubieran hecho cambios sustanciales en la Policía?”, se preguntó el ministro.

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