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Por la suba del dólar, 3 de Mayo pidió actualizar el monto que le reclama al municipio

La demanda que sostiene la empresa Microómnibus 3 de Mayo contra el municipio sumó un nuevo episodio en una historia que se remonta a mediados del 2014. En esta ocasión, el abogado defensor de la exconcesionaria del transporte público presentó un alegato para actualizar el monto del reclamo por la incautación de colectivos e inmuebles.

El resultado de las PASO del último domingo generó un cimbronazo que se sintió en cada rincón del país. En Bariloche la ola expansiva llegó hasta los pasillos de Tribunales, donde la exconcesionaria demanda un resarcimiento del Estado y pretende actualizar un monto varias veces millonario pero con la cotización del dólar a 60 pesos.

La solicitud la realizó la defensa el martes (13/8) y, lejos de la creencia popular respecto a episodios de mala suerte, busca desentrañar  “el acto más vandálico y dictatorial y lesivo e ilegal que se tenga memoria en una administración”, según el documento al que accedió B2000.  

El pedido se enfoca en el monto de la condena que estimó la defensa a partir de las pericias aprobadas y realizadas en 2017. Por aquel entonces el cálculo se hizo con un dólar que cotizaba a 17,50 pesos. Un escenario a todas luces distinto respecto a un país que se encareció hasta triplicar esa cifra.

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Además del requerimiento de las cotizaciones actuales sobre el valor de los colectivos, herramientas y autopartes, el abogado pidió tener en cuenta el daño patrimonial causado en el marco de la depreciación de la moneda oficial.

En una de las últimas expresiones públicas, en febrero de 2019, la asesora letrada del municipio reconoció que la demanda superaba los 90.000.000 de pesos. En el contexto actual esa cifra podría trepar a los 200.000.000 de pesos por todo concepto.

Haciendo historia

El 6 de julio de 2014 la empresa Microómnibus 3 de Mayo comunicó que, luego de 30 años a cargo del servicio de transporte urbano, el municipio había decidido retirarle la concesión. En ese entonces la medida fue refrendada por la intendente María Eugenia Martini quien, en un comunicado oficial, informó que el municipio retomaba el poder concedente y que incautaría los colectivos para brindar el servicio.

Esta acción, llevada a los usuarios como una manera de normalizar el servicio, fue interpretada por la empresa como “el acto más vandálico del que se tenga memoria en la administración municipal de Bariloche”.  

En el reciente alegato, el abogado Rodolfo Rodrigo se encargó de relatar lo sucedido en forma cronológica y acusó a la exintendente y a su secretario de Gobierno, Daniel Natapof, de entregar la empresa a funcionarios del gobierno nacional para “cumplir compromisos políticos”.

El abogado recordó que el municipio mantenía a la empresa con un permiso precario de explotación y que la incautación sirvió para dotar de vehículos a la nueva concesionaria (Autobuses Santa Fe) pero sin fijar un cargo o un alquiler por el uso.

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Esta situación se mantuvo por algo más de dos años. Durante ese lapso los involucrados habrían quemado los colectivos que eran desechados tras quitarles piezas para repuestos que demandaban las unidades en servicio.

Un punto clave, que se remarca en el documento, refiere a la legalidad de la resolución 6129-I-2014 que, tras ser impugnada por ser inconstitucional, la Justicia terminó por anular. De esta manera el accionar del municipio quedó sin sustento legal.

Rodrigo además se refirió a una “paciente persecución” para llevar a la empresa a la quiebra. Entre los fundamentos a esta acusación se mencionan el congelamiento de la tarifa durante dos años, las continuas inspecciones y las sanciones del municipio.

La maniobra, que salpica a la firma Autobuses Santa Fe, comprende a los 47 colectivos de 3 de Mayo, a los que se sumaron otros 15 unidades que se encontraban en el taller y que luego fueron quemadas. También se mencionan unos 50 colectivos que, según la demanda, fueron llevados a un predio municipal para ser desguazados.

Los bienes en juego

La defensa planteó que ya quedó probado que se le incautó a 3 de Mayo el “muy valioso” taller de la calle Lengas y que incluyó: predio, galpón, pañol, fosas, depósitos, tanques, todos los repuestos, máquinas y herramientas.

Al recuento también se agregan piezas de los colectivos desarmados, máquinas y cubiertas “robadas y usadas por ellos”.  Además se denunció que, al retirarse de la ciudad, la empresa Autobuses Santa Fe se llevó consigo autopartes y todo el equipamiento de oficina.

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El número total de colectivos afectados asciende a  91 según el alegato presentado ante el juez. Esas unidades comprenden aquellas que fueron depositadas en el taller de la calle Lengas y en el playón municipal, y que fueron encontradas “en el estado de absoluta destrucción” que describió la perito.

La millonaria indemnización que se reclama apunta a la destrucción total y la pérdida del valor de explotación correspondiente a dos años. “La demanda debe prosperar en todas sus partes”, concluyó el abogado abriendo paso a un futuro sombrío para las finanzas municipales.

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