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Obligan a jardines y geriátricos a instalar cámaras para evitar abusos

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Nada alcanza a la hora de tener que dejar a un ser querido al cuidado de otro. Ni las experiencias de otras familias, ni las recomendaciones, ni la imagen que da el establecimiento. Sin embargo, hay casos donde no hay otra opción y tanto padres como hijos deben dejar a niños y ancianos con otras personas. Pero una nueva normativa pretende brindar una herramienta que ayude en esta etapa.

La instalación de cámaras de seguridad en jardines maternales y geriátricos pasó a ser una obligación legal en la provincia de Neuquén. Todos los establecimientos de este tipo, ya sean públicos o privados, deberán instalar el sistema para dejar registrada la actividad dentro las instalaciones.

El objetivo general de la norma es brindar protección a esos sectores de la población que por su edad quedan vulnerables y al cuidado de otras personas. Fueron los casos públicos de abuso o maltrato infantil y sobre todo el del jardín Tribilín de San Isidro, cuyas maestras recibieron penas de hasta siete años y medio de prisión, los que impulsaron al diputado Sergio Gallia (Padea) a presentar el proyecto.

En la ciudad hubo un caso cercano de agresión infantil dentro de una guardería donde las cámaras jugaron un rol fundamental. En febrero del año pasado una madre denunció que su hijo de ocho meses había sido maltratado dentro del establecimiento céntrico al que concurría. Finalmente, gracias a la filmación, se supo que la maestra había tirado de la oreja y luego arrastrado al bebé.

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Para Gallia, las videocámaras tendrán dos efectos. Uno será el disuasivo, para que el personal que tenga intenciones violentas contra un niño o un anciano sepa que está siendo vigilado y desista de su accionar, explicó. El otro es punitivo, ya que las grabaciones podrían ser utilizadas como prueba ante la justicia.

Para la directora del jardín maternal que funciona dentro de la Legislatura, Gabriela Fojo, la medida es positiva ya que apunta al resguardo de los niños y brinda una herramienta para que el personal pueda demostrar su accionar. “Si trabajás bien no hay nada que temer y la filmación puede ser usada para aclarar lo que ocurra”, resaltó.

En el recinto, si bien hubo un consenso general entre los diputados sobre la necesidad de avanzar en este tema y que las cámaras de seguridad son una buena medida de seguridad, también hubo cuestionamientos. Los legisladores del FIT, Raúl Godoy y Angélica Lagunas, votaron en contra pidiendo que el Estado aborde la situación desde la perspectiva de la prevención y no de la vigilancia. Para esto, Lagunas pidió que los establecimientos sean públicos y no “grandes negocios”.

Luego de que finalice el trámite legislativo, el Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación y correrá el plazo de seis meses para la instalación.

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