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Mauricio Macri y Patricia Bullrich celebraron la orden a los fiscales de no beneficiar a los motochorros con tareas comunitarias

(NA)El presidente Mauricio Macri respaldó este viernes la decisión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, de ordenar a los fiscales nacionales y federales restringir las autorizaciones de juicios a prueba (probations) en casos que involucren a motochorros.
El mandatario se expresó en Twitter, indicando que “cuidar a los ciudadanos de quienes delinquen también es parte del profundo cambio que está sucediendo”. “Es una muy buena decisión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, oponerse al uso de la probation que beneficia a los motochorros. Felicitaciones!”, agregó.
Pocos minutos después, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se hizo eco de estas declaraciones. En la misma red social, la ministra dijo: “Bien por el Dr. Casal. Con esta medida se termina la impunidad de la que gozaban los motochorros. Ahora las fuerzas y policías saben que su trabajo no será en vano, y que los delincuentes quedarán presos. Se termina la puerta giratoria para motochorros. El ..

(NA)

El presidente Mauricio Macri respaldó este viernes la decisión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, de ordenar a los fiscales nacionales y federales restringir las autorizaciones de juicios a prueba (probations) en casos que involucren a motochorros.

El mandatario se expresó en Twitter, indicando que "cuidar a los ciudadanos de quienes delinquen también es parte del profundo cambio que está sucediendo". "Es una muy buena decisión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, oponerse al uso de la probation que beneficia a los motochorros. Felicitaciones!", agregó.

Pocos minutos después, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se hizo eco de estas declaraciones. En la misma red social, la ministra dijo: "Bien por el Dr. Casal. Con esta medida se termina la impunidad de la que gozaban los motochorros. Ahora las fuerzas y policías saben que su trabajo no será en vano, y que los delincuentes quedarán presos. Se termina la puerta giratoria para motochorros. El que las hace las paga".

La orden de Casal se da en un contexto donde se repite este tipo de robos y la actitud de ciertos fiscales y jueces, entendida como excesivamente leve por el Gobierno, generó un encendido debate acerca de las penas que les deben corresponder.

Un caso particular fue el de Jair Steven Jurado Mora, el motochorro colombiano que robó y fue liberado por una probation tras pagar $700.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue uno de los funcionarios que se mostró indignado por la liberación de un motochorro: “El año pasado agarramos a más de 200 y ninguno está preso”, había expresado.

El 22 de enero, el hombre de 25 años le robó el celular a una joven de 18 en Almagro. Tras ser detenido por la Policía, la jueza de instrucción Patricia Guichandut le concedió la probation, decisión que contó con el acuerdo de la defensa y la fiscalía.

Ahora, mediante la Resolución PGN Js/2019, Casal les ordenó a todos los fiscales nacionales y federales a que se opongan a una suspensión de un juicio penal en los casos de corrupción de funcionarios públicos y en los hechos de robos simples reiterados o con el uso de vehículos, como el del colombiano Jurado Mora.

El instituto de la probation otorga la posibilidad a un imputado de delitos con penas menores a tres años, de solicitar la suspensión del juicio a prueba. Al presentar la solicitud, el imputado ofrece hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad correspondiente. Se le asignan tareas comunitarias para pagar su deuda con la sociedad y no se considera que fue culpable de un delito.

A partir de la resolución los fiscales -que son los que negocian con los imputados y los que acuerdan o no la suspensión del juicio a prueba- deberán valorar especialmente la razonabilidad de la suma ofrecida para reparar el daño, el monto de indemnización y la falta de antecedentes del acusado.

De este modo se deberán restringir especialmente la suspensión del juicio penal en los casos de arrebato en la vía pública y los robos por “motochorros”, que -explican desde la PGN- solían tener un trato “generoso” en la justicia penal al momento de valorar la concesión de este beneficio.

Los fiscales también tendrán ahora la obligación de apelar las decisiones que igualmente concedan la suspensión del juicio a prueba pese a su oposición, obligándolos incluso a apelar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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