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Lo que nos deja el informe de Michelle Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela

El informe sobre Venezuela presentado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pinta con gran crudeza la realidad de un país en el que es moneda corriente la sistemática violación de los más elementales derechos individuales y colectivos, así como la represión y la persecución política a los opositores. El documento es claro en atribuir las mayores responsabilidades al régimen de Nicolás Maduro al que insta a tomar medidas.

Por más que la presentación del informe tuvo una gran repercusión internacional, no agrega mucho a lo ya conocido. Infinidad de reportes, declaraciones y testimonios vienen alertando por años respecto de una situación definida con gran acierto por el eminente diplomático venezolano Diego Arria como un “genocidio en cámara lenta”.

Como nota de color, la etapa de recopilación de la información estuvo plagada de desconfianza, ya que muchos dudaban de la imparcialidad de Bachelet por supuestas afinidades ideológicas con el chavismo y el socialismo del siglo XXI. Así, muchas voces en el mundo se unieron en un reclamo de ecuanimidad para que se lograra un documento sin sesgos ni favoritismos.

Bachelet, con buen tino, mantuvo la línea del informe de junio de 2018 realizado por su antecesor, el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein. En aquel y en el presente, se describe punto por punto lo que significa la destrucción de un país de grandes recursos cuando el crimen organizado se encarama en el poder.

En términos generales, el informe ayuda a instalar la tragedia de Venezuela en la conciencia colectiva mundial. Sin embargo, hay algunos puntos más profundos que es necesario analizar para evaluar el impacto del documento en su verdadera dimensión.

El primero es que legitima políticamente al régimen de Maduro, aunque le adjudica la responsabilidad primaria de la situación, al reconocerlo como el “Gobierno”, sin aclarar que existe un presidente encargado legítimo por mandato constitucional, Juan Guaidó.

Tal enfoque lógicamente está en sintonía con la cuestionable posición expresada por la Secretaría General de la ONU, el pasado 1º de febrero, reconociendo a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y a su régimen como el interlocutor válido ante el máximo organismo multilateral. Así, hoy en día, podemos ver a representantes de esta dictadura, que para muchos es sinónimo de crimen organizado, sentados en el Consejo de Seguridad y otras reuniones diplomáticas en que las que se debaten tópicos de interés global.

En contraposición, es positivo que la Organización para los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y 58 países, entre ellos todas las potencias occidentales y Argentina, hayan tomado diferente tesitura, reconociendo al gobierno legítimo. En este sentido, la contundencia del informe nos deja la esperanza de nuevos reconocimientos.

Otro aspecto llamativo es la liviandad con la que se habla de la “erosión del Estado de derecho y desmantelamiento de las instituciones democráticas”, cuando es evidente que el Estado de derecho dejó de existir el día 10 de enero de 2019, fecha en que Maduro usurpó el poder.

Un tercer punto que genera dudas es que el informe vincula las sanciones, sobre todo a las de Estados Unidos, que denomina “medidas coercitivas unilaterales”, afectando principalmente las exportaciones de petróleo, con el agravamiento de la situación humanitaria, cuando en realidad es sabido que la impericia e insensibilidad del chavismo-madurismo han sido las causales de la tragedia. Es importante señalar que las sanciones internacionales siempre han generado controversias, pero en el caso de Venezuela, las selectivas a funcionarios del régimen o bien las sectoriales, son las únicas herramientas prácticas que hasta ahora ha intentado la comunidad internacional para “contener” la compleja situación. Al respecto, casi nada más se hizo, salvo una notable superabundancia de reuniones, declaraciones y envíos de ayuda humanitaria que no han llegado a los necesitados, ya que se encuentran detenidos en las fronteras, bloqueados por el régimen.

Por el lado de las omisiones, es claro que el documento, aunque pueda haber sido un emergente de las 558 entrevistas, nada dice de las relaciones del régimen con el crimen organizado, con el terrorismo islámico transnacional, principalmente con Hezbollah ni con los grupos narco-insurgentes colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que operan libremente en el territorio. Tampoco de la presencia de Cuba, con alrededor de 25 mil efectivos en el territorio, todos estos como factores de represión y depredación de recursos económicos.

Queda por ver, entonces, si además de lo positivo que representa instalar el tema con más fuerza en la agenda internacional, el informe puede llevar a algún otro resultado práctico. Por ejemplo, a un avance significativo en la investigación preliminar contra Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios del régimen en la Corte Penal Internacional, que lleva a cabo desde febrero de 2018 la fiscal Fatou Bensouda.

La Corte Penal Internacional juzga genocidios, crímenes de lesa humanidad, de guerra y agresión, tipificados en el Estatuto de Roma de 2002. Sin duda, muchos de los crímenes en Venezuela encuadran en alguna de las categorías. Sin embargo, el tribunal de 18 magistrados juzga a individuos y no a Estados. Además, el proceso se inicia con una investigación preliminar y, si amerita, pasa a una instancia prejudicial y luego a un juicio.

Las estadísticas de la Corte son magras: en toda su historia, desde 2003, de 44 acusados, solo han llegado a instancias de juicio 12 casos, 9 condenas y se registran 15 fugitivos. Una gran limitación del proceso es que el tribunal no juzga en ausencia, o sea que el individuo debe comparecer, luego de captura internacional o de presentación espontánea.

En el caso de los denunciados de Venezuela, hasta la fecha se aportaron variedad de documentos, entre los que se destaca el presentado por seis Estados miembros, incluida Argentina, en septiembre de 2018. En ese contexto el informe de Bachelet sería un documento más. Preocupa, sí, que hasta ahora no se hayan registrado avances significativos en la investigación preliminar y que no se haya efectuado ninguna diligencia probatoria en Venezuela. Las denuncias por inacción se han multiplicado, como también las sospechas de posibles vínculos de los responsables de la investigación con figuras prominentes del madurismo, entre ellos el exvicepresidente hasta 2018, Tareck El Aissami, investigado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y vínculos con el terrorismo internacional.

Es claro, aunque se produzca un cambio profundo en el sistema que reactive el proceso, este conduciría, en el mejor de los casos, a una condena simbólica, pero de ningún modo a ninguna sanción efectiva. Por todo esto se puede afirmar que es ingenua la expectativa de una solución efectiva por el lado jurídico.

Del mismo modo, hay escepticismo respecto de las negociaciones abiertas en Oslo y Barbados. Resulta poco realista pensar que una dictadura como la de Maduro, sostenida por 25 mil cubanos en el territorio, involucrada en actividades de narcotráfico, con vínculos con el terrorismo islámico transnacional y rodeada de actores con fuertes intereses económicos, cederá terreno y abandonará el poder, o efectuará los cambios necesarios como resultado de un proceso de negociación o de un llamado a la acción como el que plantea el informe.

En este escenario, muchos venezolanos, fuera y dentro del territorio, incluidos María Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria, han planteado la vía de una intervención humanitaria con participación de miembros disidentes de las fuerzas armadas y de seguridad. Para ello, el primer paso sería la activación el artículo 187 (11) de la Constitución, que habilitaría el ingreso de una misión militar extranjera en el país. Sin embargo, la Asamblea Nacional aún no ha dado ese paso trascendental.

Lamentablemente, los tiempos de las declaraciones de jefes de Estado, diplomáticos, grupos de Estados, ni la acción de la Corte Penal Internacional, de la ONU y del mismo gobierno legítimo, tienen correspondencia con las acuciantes necesidades del pueblo venezolano.

Esas necesidades en la práctica ceden protagonismo frente a las movidas geoestratégicas de Estados Unidos, China y Rusia en el Consejo de Seguridad, el lento accionar de la burocracia de los organismos multilaterales, y los desencuentros y las vacilaciones en la misma oposición al régimen.

Como argentinos, hoy en período electoral, deberíamos reflexionar sobre la desventura de del pueblo de Venezuela, para así cuidarnos de depositar la confianza en quienes por ideología-interés promuevan la aplicación de modelos dictatoriales afines, aunque nos los presenten con ropaje de democracia.

La autora es presidente de la Fundación NPSGlobal, secretaria de la Red de Líderes de América Latina y el Caribe.

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