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Extinción de dominio, responsabilidad penal de las empresas y lucha contra la corrupción, ejes de un congreso internacional sobre compliance

Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica Argentina; Lina S. Anllo, presidenta de la World Compliance Association – Capítulo Argentino; y Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica Argentina; Lina S. Anllo, presidenta de la World Compliance Association – Capítulo Argentino; y Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Ley del Arrepentido, Extinción de dominio y Responsabilidad Penal de las empresas son algunas de las reformas legislativas recientes que se debaten en el marco del Segundo Congreso Internacional de Compliance, que se realiza desde esta mañana en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA). Ante un auditorio repleto de abogados, más de veinte expositores, repartidos en varios paneles, aportan su visión sobre el mundo del Compliance, la transparencia y la lucha contra la corrupción en nuestro país y en Latinoamérica.

En el primer panel, el subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Juan José Benítez, presentó un diagnóstico actualizado de la justicia penal y las últimas reformas legislativas en esa materia como La Ley del Arrepentido y la de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (27.401).

Benitez destacó los avances del Programa de Protección de Testigos e Imputados, que pasó de aplicarse en 41 causas entre 2003 a 2016, a un promedio de 153 causas en los últimos dos años. “Es un instrumento vital en la investigación, juzgamiento y sanción de la delincuencia organizada”, sostuvo el funcionario que tiene a cargo ese Programa y la seguridad de todos sus integrantes.

Gustavo Nigohosian, director corporativo de Compliance y Control Interno de Corporación América Airports
Gustavo Nigohosian, director corporativo de Compliance y Control Interno de Corporación América Airports

Entre los avances en materia anticorrupción, el funcionario también mencionó el decreto 491/2018, que aumentó los requerimientos para los candidatos a jueces federales e integrantes de la Corte Suprema. Esa norma incorporó la solicitud de un informe a AFIP sobre la situación patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los aspirantes ternados.

Benitez también hizo hincapié en la implementación del Código Procesal Penal Federal como “un cambio de paradigma donde los fiscales pasan a investigar y los jueces sólo resuelven los planteos de las partes, con plazos máximos de investigación y de duración total del proceso”.

Martín Ghirardotti, socio de Lisicki, Litvin y Asociados, Kreston Int., CEO de Resguarda y vicepresidente de Inicia; Sergio Nobile, vicepresidente del Capítulo Argentino de la World Compliance Association; Paula Nuñez, coordinadora de Gestión Pública de CIPPEC; María Lujan Bianchi, chief compliance officer YPF; Gustavo Nigohosian, Internal Control & Compliance Director Corporación América; y Monica Almada, oficial de cumplimiento de prevención de lavados de activos y financiamiento del Terrorismo de Nación Seguros SA.
Martín Ghirardotti, socio de Lisicki, Litvin y Asociados, Kreston Int., CEO de Resguarda y vicepresidente de Inicia; Sergio Nobile, vicepresidente del Capítulo Argentino de la World Compliance Association; Paula Nuñez, coordinadora de Gestión Pública de CIPPEC; María Lujan Bianchi, chief compliance officer YPF; Gustavo Nigohosian, Internal Control & Compliance Director Corporación América; y Monica Almada, oficial de cumplimiento de prevención de lavados de activos y financiamiento del Terrorismo de Nación Seguros SA.

El Código se puso en marcha a comienzo de junio en Salta y Jujuy y en los próximos cinco años comenzará a aplicarse por etapas en las distintas regiones del país. El principal cambio del nuevo Código es que la investigación de los delitos quedará a cargo exclusivamente de los fiscales, quienes promoverán la acción penal. Los jueces intervendrán para garantizar que se cumpla la ley y las garantías durante todo el proceso, la validez de las pruebas y la acusación, y deberán resolver los casos en una audiencia oral y pública.

A su turno, el abogado Hugo Wortman Jofre criticó la Ley del Arrepentido y dijo que surgió como una respuesta del Ejecutivo ante el escándalo de los bolsos de José López. “A diferencia de lo que pasó con el aborto, que hubo voluntad política de dar una discusión, en este caso no ocurrió. De treinta profesores que fuimos a hablar al Congreso, solo tres estuvimos a favor de la Ley”, dijo.

Sebastián Garat, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia; Hugo Wortman Jofre, presidente de Poder Ciudadano; Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, secretario de la Comisión para la Reforma del Código Penal y director ejecutivo del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral; Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación; Martin Gershanik, especialista en políticas publicas, consultor y asesor del Ministerio de Justicia.
Sebastián Garat, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia; Hugo Wortman Jofre, presidente de Poder Ciudadano; Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, secretario de la Comisión para la Reforma del Código Penal y director ejecutivo del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral; Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación; Martin Gershanik, especialista en políticas publicas, consultor y asesor del Ministerio de Justicia.

El abogado habló de “inflación normativa” ya que en los últimos tres años se sancionaron tres regulaciones distintas sobre la materia. “Esto va generar problemas interpretativos serios en la Justicia, en el doctrina y en el periodismo. Por eso sugerí gestionar un protocolo de buenas prácticas para que los funcionarios no cometan errores. Con este protocolo, la causa de los cuadernos no tendría los problemas que tiene”, se lamentó.

Otro de los expositores, Sebastián Garat, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia, abordó los alcances del decreto sobre extinción de dominio, a raíz de la primer demanda presentada esta semana ante el fuero civil y comercial federal.

“Este decreto se enmarca en un plan nacional anticorrupción y también en los objetivos generales que plantea la ONU. Y cumple con las obligaciones que asumió el país con tratados internacionales”, resaltó. Y aclaró que “no se ve afectado el principio de inocencia, porque la demanda plantea un debate puramente patrimonial”.

Garat anticipó que la extinción de dominio tiene implicancias impensadas y permitirá al estado recuperar millones de pesos provenientes de las mafias organizadas. “En Colombia se recuperaron 300 millones de dólares por ano. En Argentina, la Oficina Anticorrupción contabilizó embargos por 250 millones de pesos y las fuerzas seguridad tiene mas de 5000 vehículos secuestrados”, detalló.

En el segundo panel del Congreso, la Presidenta del Capítulo Argentino de la World Compliance Association, Lina Anllo, dio detalles sobre los programas de integridad y los Código de Ética dentro de las empresas.

Sobre los programas de integridad, explicó que buscan proteger el valor reputacional de una compañía. “Cuando ocurre un delito interno, se pone en juego el valor reputacional, solo un tuit puede afectar nuestro valor reputacional”, dijo.

Lina Anllo y Martín Casares
Lina Anllo y Martín Casares

Anllo explicó que el Código de Ética “tiene que tener políticas en materia de denuncia, la proyección al denunciante, las sanciones y los procesos de contratación”, entre otras cosas. “El Código de Ética tiene que tener palabras claras, no escriban palabras que nadie comprenda. Tiene que conocerlo toda la compañía, cuando una persona ingresa a la compañía hay que notificarlo”.

La abogada también abogó por las capacitaciones periódicas dentro de las empresas. “Las captaciones generalmente son presenciales, pero no siempre se puede. Es importante que esté presente el gerente CEO y es recomendable hacer un test después de la capacitación”, dijo ante la audiencia.

Por último, Anllo pidió que el complaince tenga “una perspectiva amplia e inclusiva” y “desarrollar protocolos en materia de genero y equidad”.

En tanto, Juan María Rodríguez Estévez, doctor en Derecho Penal y experto en Delitos Económicos y Compliance, sostuvo que “el programa de cumplimiento es la salvación de la persona jurídica si es adecuado: el programa exime de responsabilidad penal a las personas jurídicas y obra como atenuante de la pena”.

Por su parte, al abogada Claudia Gutiérrez, representante de Bolivia, pidió abordar la corrupción teniendo en cuenta los afectos que produce sobre los sectores más pobres de las sociedades.

“Transparencia Internacional aplazo a la mayoría de los países latinoamericanos, la corrupción esta arraigada en nuestra cultura. Con la cifra que perdemos en corrupción podríamos erradicar el hambre, es alarmante lo que perdemos por la corrupción. Necesitamos despertar esa conciencia. Necesitamos pasar del miedo a la sanción a una cultura ética, el gran desafío es cambiar de actitud”, resaltó.

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