Noticias De Bariloche

¿Es posible una Argentina sin corrupción?

Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (Télam)
Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (Télam)

En estos meses enfrentamos un nuevo proceso electoral que, por sus características, puede adquirir el sentido de un cambio histórico. Mi lugar en este proceso es ser candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrando Juntos por el Cambio, con el objetivo de reafirmar logros, corregir errores e iniciar proyectos de este gobierno en un nuevo mandato.

Mi experiencia política, especialmente en la lucha contra la corrupción, lleva más de diez años y se ha desarrollado desde ámbitos locales y pueblerinos hasta espacios provinciales o regionales extendiéndose a nivel nacional e internacional. Obviamente, los escenarios han sido variados como también lo han sido los personajes involucrados y las conductas humanas comprometidas. El modus operandi, la metodología y los procedimientos adquieren características diferentes, según los lugares, las personas, los tiempos y los objetivos buscados.

Hay una constante en toda corrupción. Implica la transformación ilícita de fondos públicos en privados, en beneficio de las personas físicas o jurídicas que la producen o colaboran en producirla. El objeto de la corrupción siempre se traduce en dinero pero puede tomar la apariencia de cualquier bien, mueble o inmueble. Generalmente proviene de una fuente lícita pero, a través de un mecanismo ilícito se transforma en un producto ilícito disfrazado impunemente con el ropaje de la legalidad y la propiedad privada.

En este particular momento de la historia de Argentina, la corrupción ha llegado a posicionarse con énfasis en el interés colectivo de la sociedad. El tema ha estado presente en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la coyuntura nacional e internacional desde hace años, pero se destaca en la actualidad porque las investigaciones políticas y judiciales realizadas están desmontando el silencio y la impunidad y dando a la luz múltiples y complejas maniobras en las que participan sectores políticos, judiciales, empresariales, financieros y comerciales, sindicales, fuerzas armadas y de seguridad, servicios de inteligencia y hasta instituciones religiosas. Las redes creadas, su intercomunicación y complicidad tácita o manifiesta y la coordinación operativa nos muestran un poder enorme, obviamente directamente vinculado con el crimen organizado internacional y con el terrorismo internacional.

El estudio de las numerosas causas judiciales investigadas y una lectura reflexiva de la realidad política argentina del gobierno kirchnerista nos demuestran prácticas y procesos corruptos, contrarios a las reglas básicas de la democracia y de los valores republicanos. Se institucionalizó como ejercicio la utilización de recursos públicos con objetivos sectorizados, se cooptaron organizaciones sociales y se las corrompió, incluyéndolas en negocios ilegales y deslegitimándolas en sus objetivos respetables, se compraron y crearon medios de comunicación afines para autolegitimarse y adoctrinar, se desarticularon los organismos de control de los poderes públicos, se falsearon datos estadísticos atentando contra el rigor científico para no contrariar las políticas del gobierno, se financiaron campañas electorales con fondos y personajes cuestionados por su vinculación con el crimen organizado internacional, y se fomentó el nepotismo y la llegada al poder de amigos y parientes de funcionarios nacionales para acceder a la obra pública y a negocios ilegales, incluso formando asociaciones ilícitas.

En este sentido, resulta un caso emblemático el de José López, subsecretario de Obras Públicas y mano derecha del ministro Julio De Vido, ocultando flagrantemente bolsos con nueve millones de dólares en un convento, cuyo origen nunca pudo justificar lícitamente. Pero, quizás el más conocido por su gravedad y los montos en juego es el de Lázaro Báez, empresario santacruceño, testaferro del matrimonio Kirchner, coautor de una combinación delictiva compleja en la que se vinculan entre sí la defraudación al Estado, especialmente a Vialidad Nacional por obras viales en la provincia de Santa Cruz, el atesoramiento y ocultamiento de los recursos malhabidos y el lavado de activos con métodos variados y sofisticados, incluso de alcance internacional.

El total de inversión de obras públicas en Santa Cruz asignadas a Lázaro Báez (Grupo Austral y otras empresas) desde 2007, alcanza a la suma de $46.230.000.000 (51 obras otorgadas, de las cuales 26 quedaron inconclusas). Dos obras sirven para ejemplificar esta verdadera defraudación multimillonaria al Estado argentino, es decir a todos los ciudadanos. La primera es la reparación total de la Ruta Nacional Nº 3, en Santa Cruz, cuyo costo total ascendía a $987.345.401, pero que terminó costando $2.800.000.000. Su plazo inicial era de 36 meses luego prorrogado a 90 meses. Hoy está paralizada, habiéndose concluido solo el 35% de la obra. La segunda son los Empalmes de la Ruta Provincial Nº 47 y la Ruta Nacional Nº 3, en Santa Cruz, que fueron objeto de dos licitaciones, por $618.000.000 y $613.000.000, respectivamente, para concluir las obrasen 2015. A la fecha solamente se concluyó el 28% del total, encontrándose absolutamente paralizada.

No es casual que esta verdadera asociación ilícita actuara en la Provincia de Santa Cruz, donde podía moverse con comodidad e impunidad por el conocimiento del terreno y la sociedad, y el poder absoluto que suponía el control del Ejecutivo y el Legislativo, incluso la justicia, la policía y hasta la banca. El gobierno nacional protegía y generaba los mecanismos legales y financieros para que las operaciones ilegales aparecieran disfrazadas de legalidad. Los resultados están a la vista. Una de las más ricas provincias argentinas está endeudada, en un caos social y económico por el empobrecimiento de los asalariados y el grave deterioro de los servicios públicos, con el monopolio del poder provincial en manos de quienes la saquearon inescrupulosamente.

Sin embargo, frente a estos trágicos episodios, la misma Argentina nos muestra otras realidades. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha desplegado políticas públicas eficaces contra la corrupción tales como: el acceso a la información pública, la regulación y transparencia de compras y contrataciones, normas de ética pública y mecanismos para la promoción de la participación y el control ciudadano de las funciones de la burocracia, entre otras medidas.

Pero, además, siguiendo el axioma de Elisa Carrió -“la corrupción es la contracara de la pobreza”-, ha demostrado que su plan de obras públicas, que incluye infraestructura, vivienda, educación, trabajo, cultura, salud pública y desarrollo social es una herramienta fundamental para que la corrupción pierda fuerzas frente a un Estado eficaz y transparente y a una sociedad que avala esa acción de gobierno. Y la avala porque significa acceder a un mundo en el que triunfar en la lucha contra la pobreza,el hambre, la inseguridad, la ignorancia, la enfermedad y la abismal desigualdad social y económica, deja de ser una utopía para convertirse en un futuro posible y creíble que respeta la dignidad humana y procura la mejor calidad de vida para todos.

El gobierno porteño ha presupuestado un total de inversión de obras públicas en la suma de $46.392.560. 042, que comprende 986 obras en toda la ciudad, de las cuales el 90% ha sido finalizado. Curiosamente esta cifra es casi equivalente al total de inversiones en obras públicas asignadas a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz desde 2007, de las cuales la mitad, aproximadamente, está inconclusa. Para clarificar más la estadística, podemos afirmar que sumando la realización de tres obras de magnitud en el distrito porteño (Pasos bajo nivel Balbín, Beiró y Constituyentes) se llega a un total de $353 millones. En Santa Cruz, la adjudicación de obra por los Empalmes Ruta 47 y Ruta 3, fue de $618 y $613 millones cada uno. La desproporción y las diferencias de los plazos de finalización de obra saltan a la vista.

Estas confrontaciones entre políticas y realidades evidencian que hay gobiernos que pueden cumplir con los pueblos que los eligieron con la mayor eficacia dentro de su posibilidades y con la autocrítica más justa para juzgar sus errores. Pero, más allá de las políticas públicas, de la economía y de las cuestiones sociales, lo que nunca debe ponerse en peligro, son los principios básicos de la democracia y de la institucionalidad republicana.

Sabemos que la corrupción es una constante no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. El objetivo de un gobierno, como política de Estado, debe consistir en limitarla o erradicarla. En la actualidad, son casi inexistentes las posibilidades reales y la autoridad moral de promover pautas de juego claras, reglas de convivencia y objetivos comunes para todos, con diversidad de pensamiento. Este debilitamiento de la vida institucional y social fue generado por la concentración política y el ataque a la división de poderes, por la supresión del equilibrio de pesos y contrapesos que conforman el control de los órganos de gobierno, por el fomento del desinterés ciudadano en la lucha y eliminación de la corrupción, para hacer posible su institucionalización y funcionalidad como acción de gobierno y su implantación como mecanismo de naturalización de conductas en la sociedad civil.

Estamos frente a las urnas y debemos elegir nuestro futuro, quizás, por lo que resta del siglo XXI. Debemos reflexionar profundamente y no guiarnos por relatos ni promesas, sino por hechos comprobables y vivencias de la sociedad real. Pero la elección nos exige optar por valores, por un país que ha surgido de la diversidad y la libertad pero que no puede seguir adelante sin crecimiento social y económico y sin una justa distribución de la riqueza. Hemos pasado demasiado tiempo sin asumir nuestro destino y no nos puede unir el espanto sino la solidaridad.

La autora es candidata a diputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Juntos por el Cambio

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