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El “tratamiento exitoso” de un menor que cometió un delito grave lo liberó de la prisión

Un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) da cuenta de uno de los temas más debatidos en los últimos años: la oportunidad de reflexión y rehabilitación frente a la privación de la libertad para menores de edad que cometen delitos.

La comprobación de un “drástico cambio positivo en su vida” y la “insuficiente fundamentación” para imponer un castigo de prisión efectiva llevaron al máximo tribunal de la provincia de Río Negro a revocar una sentencia y a declarar “innecesaria” la pena.

En junio de 2017, un joven de San Antonio Oeste (SAO) fue declarado responsable de Homicidio Calificado por el uso de arma de fuego cometido cuando tenía 16 años, y se lo condenó a 5 años y 4 meses de prisión efectiva, a cumplir cuando alcanzara la mayoría de edad.

El joven ingresó al Hogar Pagano de Viedma donde permaneció por más de 200 días y realizó el tratamiento tutelar del Estado a lo largo de 2 años, informó el portal VDM Noticias.

En 2018, la ex Sala B de la Cámara Criminal evaluó su nueva realidad y decidió que correspondía la aplicación de la pena, tal como lo dispone la Ley 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad). Ese fallo fue cuestionado por la Defensa y llegó con un recurso de casación ante el STJ.

Según la Ley 22.278, para decidir si se impone o no la condena a quien cometió un delito siendo menor de edad, los jueces deben evaluar cuatro puntos: las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez.

Para el STJ, la valoración y fundamentación que hizo la Cámara sobre esos cuatro puntos fue “errada” en algunos casos y “aparente” en otros.

En su fallo, el tribunal señala que la Cámara “subestimó los resultados positivos del tratamiento tutelar que hizo el joven y los informes sobre su “buena predisposición para todas las tareas” propuestas en el hogar, donde generó además iniciativas propias, respetó las normas de la institución y se manejó siempre con respeto.

Luego, cuando fue incorporado al régimen de libertad asistida, retomó la escuela secundaria, encaró seriamente la práctica de varios deportes (incluso a nivel de competencia), finalizó un curso de carpintería, se presentó ante la Justicia una vez por semana, durante dos años, sin ausencias injustificadas; realizó una pasantía rentada en un taller, gestionó dos microemprendimientos laborales (panificación y albañilería) y se convirtió en un referente entre los jóvenes de su culto.

Tras analizar los requisitos esenciales que ordena la ley sobre penalización de menores de edad, el Tribunal definió que en este caso “no resulta conveniente ni ajustado a derecho imponer sanción”. A tal punto que la Defensora Pública del joven aseguró que “en sus largos años de función, es la primera vez que observa la concreción de un tratamiento exitoso”.

“Estimo que la reseña de lo transitado durante el tratamiento o el sometimiento a reglas, luego de su encierro, evidencia cambios positivos, puntuales y objetivos. Así, el joven ha demostrado que puede conducir su vida fijando metas y obteniendo logros alejado de conflictos y transgresiones al orden. Concretamente, se ha reintegrado a la sociedad“, concluyó el Superior Tribunal de Justicia.

Criterios internacionales sobre menores

La sentencia de casación del STJ, sigue criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sostiene que la pena de prisión para los adolescentes que han cometido delitos es “la excepción”, por lo que “solo es aplicable cuando certeramente han fracasado las medidas socioeducativas” brindadas por el Estado durante el tratamiento posterior al delito.

“Si no se evidencia el fracaso; si, por el contrario, con posterioridad a la comisión del hecho la persona demuestra con su conducta cambios positivos que evidencian esfuerzos para asumir una función constructiva en la sociedad, reintegrándose a ella, la eximición de pena es una obligación del Estado, dado que ha perdido sentido aplicarla“, afirma el STJ.

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