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El municipio libera el acceso a la resolución que ordenó incautar colectivos

El gobierno municipal decidió permitir el libre acceso a la resolución que permitió incautar los colectivos de la empresa 3 de Mayo. El acto administrativo, que se realizó el 30 de diciembre de 2014, también dispuso el uso de los talleres de la empresa y determinó un canon por el uso de los bienes que Autobuses Santa Fe finalmente no pagó.

Esta mañana (26/2) la vicejefa de Gabinete, Marcela González Abdala, confirmó a Noticiero Seis que la resolución 6129 mantuvo carácter de “reservada” desde el momento en el que fue firmada. Esta característica no permitía pleno acceso para la ciudadanía y así poder conocer los detalles de aquella operatoria.

Abdala reconoció que hasta la fecha el gobierno pudo recurrir a esa resolución, que sirvió para fundamentar el accionar del municipio ante la demanda que impuso 3 de Mayo. “Hemos advertido, en el último tiempo, que la resolución nunca había sido publicada”, dijo acerca de un documento que lleva las firmas de la exintendenta María Eugenia Martini y quien fuera su secretario de Gobierno, Daniel Natapof.

La funcionaria comentó que el documento estableció los pasos administrativos que debían seguirse para hacer efectivo el traspaso del servicio de transporte urbano de pasajeros. Además cuenta con anexos en los que se detallan los bienes que luego serían incautados a la empresa que mantuvo el vínculo con el municipio desde 1982.

Según comentó, el inventario realizado por aquel entonces no excede una carilla de una hoja e informa los detalles de chasis y dominio de cada vehículo. Abdala dijo que el municipio también cuenta con actas que fueron labradas durante el proceso pero que no formaron parte de la resolución.

Tras cinco años, el Ejecutivo Municipal pondrá fin al caracter “reservado” de la documentación que pasará a formar parte de las resoluciones que publica la comuna diariamente. El último caso conocido fue el de la reserva que se hizo de la resolución que determinó un ajuste tarifario del transporte urbano en mayo de 2016. Por aquel entonces el Tribunal de Contralor intervino para que la Intendencia permitiera el acceso público al documento.

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