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Detuvieron al dueño de una empresa avícola por las condiciones infrahumanas en las que trabajaban sus empleados: una mujer murió por hantavirus

Carlos Felipe Fernández, conocido empresario de la zona de Cañuelas, fue detenido, imputado e indagado por ser considerado autor del delito de trata de personas agravado por la cantidad de participantes, abuso de situación de vulnerabilidad de las víctimas y el sometimiento a coacción. La calificación de los delitos es provisoria y puede modificarse durante la investigación que recién se inicia.

Fernández es dueño de la empresa avícola Supremo S.A, con plantas y campos ubicados en Cañuelas y Las Heras y la administración en el partido de Morón. Es una firma que se dedica al criado, faena y comercialización de pollos.

Fernández fue detenido por orden del juez federal de Lomas de Zamora Juan pablo Augé ante un pedido de la fiscal Cecilia Incardona, quien tiene a su cargo la investigación iniciada a partir de una denuncia por trabajo esclavo hecha por Sebastián Murúa, inspector del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

En esa denuncia se puso de manifiesto el modo en que trabajaban unos 30 trabajadores de los 300 empleados de la avícola. Eran trabajadores –la mayoría de nacionalidad paraguaya- que estaban registrados pero que vivían en condiciones infrahumanas en las dos granjas donde se criaban los pollos.

Una mujer de 31 años que trabajó en uno de los campos murió en octubre pasado de hantavirus. Así se determinó en el Instituto Malbrán tras analizar las muestras de sangre que le tomaron a la mujer en el hospital Regional de la Cuenca Alta de Cañuelas donde falleció. Fue el resultado de los análisis lo que generó una alerta sanitaria en la zona y a raíz de ello se realizó la inspección del RENATRE. Ella llevaba tres meses trabajando en una de las granjas. Los expertos señalan que el período de incubación de la enfermedad es de 45 días, es decir que el hantavirus fue contraído allí. Por lo que también se investiga si Fernández y otros imputados son responsables por la muerte de la mujer.

Los trabajadores paraguayos viajaron a enterrar en su país a la mujer que había muerto producto de la enfermedad que contagian los ratones colilargos y cuando regresaron fueron despedidos. El despido coincidió con la primera inspección realizada en las instalaciones de la empresa. Para trasladar el cuerpo a Paraguay tuvieron que hacer una colecta en la aportaron otros trabajadores porque la compañía se desentendió del hecho.

Las excusas para echarlos -según explicaron a Infobae fuentes de investigación- fueron el robo de ovejas, desidia y falta de colaboración, abandono de trabajo, etc. Fueron desalojados de la precaria casa en la que vivían mientras trabajaban, y les tiraron las pocas pertenencias que poseían en una casa repleta de ratas. Todos los trabajadores se encontraban registrados.

Una de las trabajadoras explotadas relató: “Se perdieron documentos del hospital, papeles importantes que tenía en un bolso. Lo peor que hicieron fue mezclar todo en una casa abandonada llena de ratas, pusieron en riesgo nuestra vida y la vida de mi bebé. Lavé lo que pude y la ropa que oía a orín la quemé. Había un gato muerto en la ropa de mi hermana. Nos hicieron la vida imposible, me dio mucha rabia. Quiero que se haga justicia y que esta gente no les haga más daño a los pobres trabajadores. Esto es una pesadilla. Los sueños quedaron atrás. La gente más humilde paga por esto. Vivir ahí era horrible, horrible, horrible, había viento fuerte, el polvo ensuciaba todo, había moscas, ratas, montones de ratas”.

Se determinó que los trabajadores que estaban en los dos campos donde se criaban los pollos parrilleros no contaban con agua de red, debían hacer un pozo para extraer agua, tanto para beberla o para asearse y otro pozo para utilizar como baño. Cuando se bañaban con el agua que extraían del pozo tendían una carpa que oficiaba de ducha.

Luego de los primeros seis meses de vivir en situación de extrema precariedad -dentro de un colectivo abandonado- la empresa mudó a un grupo de ellos a una casa que les construyeron dentro de la granja. Tenía tres ambientes, baño y cocina y un tanque de agua que provenía del pozo. La compañía les otorgaba una garrafa de gas mensual y les controlaban la electricidad que usaban y que estaba “colgada” de la de los galpones. Los días de frío pedían autorización para encender estufas eléctricas y no los dejaban.

El trabajo que realizaban era -según explicaron los investigadores- diferenciado según género. Los hombres tenían que dar de comer a los pollos, cargar bolsas con alimentos en los hombros, recorrer los galpones, retirar a los pollos muertos por las ratas, subir y bajar las cortinas de los galpones, controlar el funcionamiento del grupo electrógeno y desratizar sin nada que los protegiera de los efectos nocivos de los fumigantes. Esas tareas se realizaban en seis galpones que medían 150 metros por 14 metros. Para las mujeres quedaban las tareas de limpieza, alimentación y cuidados domésticos.

No podían faltar por enfermedad. La mujer embarazada que vivía allí se escapaba para hacer los controles médicos. Había un férreo control por parte de los encargados de los campos reforzado por gendarmes que hacían tareas de seguridad privada. Dos de los gendarmes fueron detenidos e indagados.

El lunes pasado, por orden del juez y pedido de la fiscal, se hicieron cinco allanamientos en los distintos predios de la empresa Supremo S.A. Fueron encabezados por la División Trata de Personas de la Policía Federal a cargo del comisario inspector Carlos Cibeira, a la que se sumaron agentes del área de Delitos Ambientales, del área Científica, personal de los ministerios de Trabajo y Salud de la Provincia de Buenos Aires e inspectores del RENATRE. Tres oficinas de la Procuración General de la Nación se sumaron a la investigación que realiza Incardona: la Procuraduría de Trata y Explotación de personas (Protex), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y al Dirección de Recupero de Activos.

En los allanamientos en los campos -situados en los kilómetros 89,5 y 105 de la Ruta 6- se verificó que los trabajadores desempeñaban sus tareas en condiciones sumamente peligrosas para la salud. En los campos, al lado de los tinglados, donde se realiza la incubación y el criado de los pollos, hallaron toneladas de pollos muertos. No se aplicaba el protocolo obligatorio para que fueran tratados de manera de preservar la salubridad. Los expertos hallaron excremento de ratones colilargos (uno de los modos de contagio del hantavirus) en las viviendas precarias habitadas por trabajadores con sus familias que incluía a menores de edad.

A los investigadores les llamó la atención la diferencia entre los dos campos donde se criaban los pollos y el predio en el que estaba la sede administrativa de la empresa y el peladero. Allí, donde se mostraba la cara amable de la compañía, estaba todo en regla. Eso contrastaba con las condiciones de precariedad y falta de higiene (entre otras irregularidades) que se hallaron en los campos. Era allí donde vivían los trabajadores paraguayos.

El resto de los empelados de la empresa vivía en Cañuelas y cercanías y se retiraban a sus casas luego de terminada la jornada laboral, algo que no sucedía con los que vivían allí. Los trabajadores que padecían las peores condiciones laborales no podían abandonar los predios. Pero las condiciones de insalubridad afectaban tanto a los que entraban y salían como a los que no podían hacerlo.

Fotos gentileza: Diario de Cañuelas
Fotos gentileza: Diario de Cañuelas

Una hija de Fernández también está detenida, al igual que dos gendarmes que se encargaban de la seguridad del lugar, el encargado de los campos y dos capataces que estaban expuestos a las mismas condiciones de insalubridad que el resto de los trabajadores.

En los primeros procedimientos se incautaron autos de lujo pertenecientes a Fernández un Porsche, una camioneta Audi X6 y dos BMW. Fernández, de 61 años, tiene a su nombre varias propiedades y una Ferrari que no fue hallada aún.

La fiscal Incardona le pidió al juez Augé la indagatoria de los imputados. Cuando lo hizo señaló: “En el caso, la finalidad de explotación laboral para la obtención de un importante rédito económico logró ser consumada, entre otras razones, en virtud de los bajos sueldos que percibían, de las extensas jornadas de trabajo a las que fueron sometidos, de las condiciones de insalubridad en las que fueron obligados a residir dentro de los mismos campos. Los dueños y administradores de la empresa tenían en absoluto poder de disposición de todo el circuito económico, de la cadena de producción avícola, desde la cría y engorde de las aves, hasta la faena para su posterior comercialización”.

Y agregó: “La rentabilidad de la empresa y en consecuencia las ganancias económicas de sus titulares se obtuvieron mediante un aceitado mecanismo de contratación de trabajadores a quienes se les pagaba una suma de dinero que no se condecía con la cantidad y la calidad del trabajo que realizaban, sumado al sostenimiento de una actividad comercial de por sí riesgosa para la salud de los trabajadores, omitiendo la realización de acciones para evitar las consecuencias nocivas de la a derivadas de la actividad como ser la implementación, gestión, control y aseguramiento de un plan de bioseguridad en las respectivas granjas para impedir no solo la entrada de agentes causantes de enfermedad en los animales, sino también en las personas que trabajaban allí”.

La fiscal Incardona concluyó: “Las condiciones en que se encontraban los lugares (ubicación de los galpones diseño, modos de acceso de personas y trabajadores, programas de limpieza desinfección y descanso, otros animales cerca de los galpones, plan sanitario, eliminación de aves muertas, entre otras acciones) eran deficientes, y en algunos casos directamente inexistente. Tal falta de cumplimiento de sus mínimos deberes, sumado a la falta de controles y supervisión del estado de los lugares de producción y de los trabajadores, tuvo como objeto obtener las mayores ganancias reduciendo el costo de un adecuado sistema de bioseguridad”.

La causa recién comenzó y se deberá analizar documentación y realizar peritajes para corroborar la hipótesis inicial que describe situaciones de explotación laboral y falta de salubridad alarmantes. A punto tal que una trabajadora de la empresa murió por hantavirus.

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