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Corrupción en alta mar: cómo es la trama compleja que el fiscal Pollicita busca desentrañar

(Dino Calvo)

Si la actividad marítima en general resulta compleja de entender para quienes no son marinos o profesionales del sector, el negocio naviero en particular tiene tal alto grado de especificidad que normalmente hace falta ser mucho más que un avezado navegante para comprenderlo.

En este contexto, menuda tarea es la que enfrenta el fiscal federal Gerardo Pollicita al tratar de desentrañar el escabroso tejido realizado por gremialistas, empresarios, abogados, contadores y hombres de fuertes lazos con la política, que habría permitido montar una verdadera asociación ilícita para adueñarse virtualmente de la totalidad del transporte marítimo y fluvial en aguas argentinas.

La punta del ovillo arranca por la constitución en noviembre de 2010 de la firma Mercantes SA, con un directorio integrado por miembros del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) afines a su ex secretario general Omar Suárez. La investigación, en algún punto de su avance, acreditó que la firma nunca tuvo giro comercial, ni registra pago de ganancias ni IVA, como así tampoco adquirió alguna vez algún bien o pago al menos un salario.

Omar “Caballo” Suárez (Fabián Ramella)
Omar “Caballo” Suárez (Fabián Ramella)

A pesar de ello, Mercantes SA adquirió parte del paquete accionario de la hoy investigada naviera nacional Maruba SA. Para el 31 de diciembre de 2012, Mercantes registraba como “inversión permanente” el 20% del capital accionario (y por ende del poder de voto) de todo el holding Maruba (Marítima Maruba, Compañía de Remolques de Empuje, Alpha Shipping, Empresa de Navegación Maruba, y Servicios Multiestore S.A). Mercantes informó de un pasivo de más de $4.000.000 por la compra del paquete accionario del holding.

Para ese momento Mercantes mostraba como único representante al empresario Juan Manuel Ondarcuhu con poder de voto por acciones equivalentes a 4.080.000 acciones de un peso cada una.

El cuidadoso escrutinio de libros de actas de las distintas firmas del holding Maruba permiten hacer el seguimiento de la forma en que la sociedad fantasma fue adquiriendo acciones de cada uno de los distintos emprendimientos comerciales de los hermanos Rodríguez Vázquez (socios principales de la empresa familiar fundada por Samuel Rodríguez y Bernardo Rubinstein 60 años atrás).

Sin poder de salir de su asombro, allegados a la causa manifiestan: “La documentación recabada hasta el momento permite tener acreditado en esta etapa del proceso, que Mercantes fue accionista de todas las empresas de uno de los holdings navieros más importantes del país, sin haber tenido jamás ni una sola actividad comercial propia“.

El fiscal Gerardo Pollicita (Adrián Escandar)
El fiscal Gerardo Pollicita (Adrián Escandar)

Pollicita dice tener acreditado que, con el correr del tiempo, las distintas empresas del grupo fueron modificando su estructura accionaria en favor de otras sociedades, todas representadas por quien pareciera ser el verdadero cerebro de la maniobra Ondarcuhu. Además del seguimiento de las distintas operaciones de compra venta de acciones, la fiscalía tiene en claro que las mismas no se corresponden al perfil de los distintos actores que intervienen en cada operación, lo que genera dudas sobre el origen de los fondos utilizados para las transacciones.

Para qué serviría la fantasmal Mercantes SA

La fiscalía asegura, que en primer lugar, de esta forma se enmascaró el ingreso como empresario naviero, nada menos que del dirigente gremial Omar “Caballo” Suárez, quien manejaba el más poderoso de los sindicatos marítimos, es decir el SOMU. Así se transformaría en el más poderoso personaje del transporte por agua, ya que tendría parte del control de una poderosa naviera y, al mismo tiempo, la potestad de accionar sindicalmente con sus ahora competidores, es decir, el resto de las navieras locales.

En este punto vale aclarar que desde el entorno del hoy detenido sindicalista marítimo y desde algunos sectores del SOMU se sostiene que Suárez fue solo un chivo expiatorio de negocios realizados a otro nivel, siendo que no le adjudican ni la capacidad ni el poder suficiente para semejante operación.

El fiscal sostiene: “A partir de esta unión empresario- sindical, Maruba habría recibido una millonaria inyección de capital procedente de origen espurio, y además dado el alto grado de poder que Suárez habría detentado, la empresa se reposicionó en el mercado obteniendo jugosos contratos con el Estado Nacional, en favorables condiciones respecto al resto de las empresas del sector”.

Básicamente, las maniobras se podrían resumir en disputar fletes con el adicional de que los competidores de Maruba sufrían todo tipo de medidas de acción directa por parte del sindicato, lo que paralizaba sus flotas, elevaba sus costos operativos y los dejaba fuera de competencia respecto a Maruba que no tenía conflictividad laboral.

Siendo Maruba una tradicional empresa de transporte de carga general, incursionó en el mercado del transporte de combustibles a granel. En especial copando buena parte de los jugosos contratos con Cammesa (la distribuidora energética estatal que digita la contratación de buques tanque para llevar el combustible que utilizan las usinas termoeléctricas).

En un mercado relativamente pequeño en el que había un cierto equilibrio entre oferta y demanda, los propios navieros que vieron peligrar sus empresas y con ello las fuentes de trabajo de los mismos afiliados al SOMU, se transformaron en denunciantes o informantes de la fiscalía.

Los hermanos Claudio y Carlos López, dueños de la naviera Horamar, detallaron: “Aproximadamente en 2010/11 había rumores de que el SOMU liderando una coalición de sindicatos entraba a Maruba. Casi inmediatamente Maruba se hizo de cuatro buques tanque construidos en el exterior, los incorporó al mercado y sin demoras consiguieron fletes para el Estado”.

Los empresarios añadieron: “Sobre un total de diez barcos que había, la aparición de cuatro más, revolucionó el mercado. Fue muy difícil, todos los días te generaban un conflicto gremial, no podíamos hacer nada, era un sindicato empresa, representante sindical de mis empleados y competidor al mismo tiempo, era aceptarlo o desaparecer”.

“YPF recibía presiones políticas para contratar a Maruba, además Suarez presionaba a los cargadores particulares para que contrataran exclusivamente a Maruba, nunca en todo ese tiempo Maruba tuvo un conflicto gremial”, agregaron. “Lo que en resumen Suarez le aportó a Maruba, fue una extraordinaria capacidad para conseguir trabajo”, sentenció Carlos López en su declaración testimonial.

Otros empresarios del rubro y, tal como declaró ante Infobae Máximo Padilla, se fueron prácticamente a la quiebra al no resistirse a vender parte de sus acciones a la “floreciente” Mercantes SA.

Máximo Padilla (Santiago Saferstein)
Máximo Padilla (Santiago Saferstein)

Aunque parezca extraño, no hay ninguna normativa que impida a un sindicato realizar actividades empresarias incluso en el ramo en el que ejerce tutela sindical. Detrás del SOMU varios gremios marítimos adquirieron acciones conformando también sociedades comerciales. Esto fue alentado desde la secretaría de transportes y desde la Dirección Nacional de Transporte Marítimo y Fluvial, y solo quedaron afuera, aquellos gremios cuyos estatutos prohibían taxativamente este tipo de actividades.

Asimismo, fuentes gremiales recuerdan que ninguno de los emprendimientos liderados por el “Caballo” Suárez se hicieron en forma reservada ni fueron realizados clandestinamente. “Cada acto, cada incorporación de un buque, cada nueva ‘creación’ era anunciada con bombos y platillos, con presencia de autoridades nacionales civiles militares y policiales, como así también con muchos empresarios y con casi la totalidad de los gremios marítimos nacionales”, explicaron.

Este viernes a las 12, en Comodoro Py, se celebrará una audiencia pública para que tanto el Servicio Penitenciario Federal como los médicos particulares de Suárez puedan exponer argumentos que permitan al tribunal tomar una decisión sobre si el estado actual de salud del veterano dirigente gremial amerita medidas que van desde su atención en centros médicos privados (a su costa) e incluso si resulta conveniente para su salud que el cumplimiento de la prisión preventiva que sobre él pesa, siga siendo en el penal de Ezeiza o en su domicilio.

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