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    Chubut: víctima de violencia de género denuncia connivencia entre su agresor y la justicia

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    Línea de violencia doméstica: 144

    Hace una semana, abrumada y desconcertada por la situación a la que es obligada a vivir junto a su pequeña hija, Carisa Bonazzi (32) decidió revelar los pesares que padece a causa de una extraña decisión judicial que atribuye a las influencias que la familia del agresor tiene en esa provincia sureña.

    La mujer, de profesión periodista, hizo su descargo en el artículo "Violencia de género en Chubut: cuando el sistema judicial abusa del poder", que fue publicado en un blog y reproducido por algunos medios locales. Contando su situación escribió: "'¡Cállate puta!'", me dijo a los gritos mientras me sujetaba del pelo y presionaba mi cara contra la pared" (…) ¡Si le decís a tu familia te hago desaparecer! ¡Vos no tenés idea de quién soy yo, ni Dios te salva de ésta!' (…) '¿Y cómo lo voy a denunciar?', pensaba, si ya no tenía la posibilidad de emitir ni una palabra de tan hinchada y reventada que tenía mi boca, porque mis labios estaban rotos y sangraban… Es todo lo que recuerdo de ese día. (…) Me dio miedo, ¿qué puedo decirte? ¿Qué es fácil salir de un ambiente de violencia? Si dijera eso sería engañar a todas las mujeres que están pasando por una situación similar. Sería mentirme a mí misma y marcarle una historia similar en el futuro a mi hija".

    “Según las últimas estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2016 se registraron 254 femicidios. En 164 de ellos el vínculo entre víctima y victimario se corresponde con la pareja o ex pareja”

    En diálogo con Infobae, Bonazzi contó su triste historia. "Mi hija y yo nacimos en la ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 2013 me fui por dos meses con quien era mi pareja, el padre de mi hija, a la ciudad de Puerto Madryn. Pese a que era algo eventual alquilamos una vivienda para permanecer donde él nació y tiene a su familia. En esos meses hubo violencia física contra mi persona en tres oportunidades. Después de la primera vez quise irme, pero me retuvo amenazada. En la tercera agresión pude acercarme a la Comisaria de la Mujer, donde avisé que mi hija y yo estábamos provisoriamente en esa ciudad, que eramos de Buenos Aires y que por los hechos de violencia volveríamos a capital. Hice la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica de CABA donde iniciaron una causa en el Juzgado de Familia N°56. Allí llegó una notificación que decía que la jueza de familia del Juzgado N° 2 de Puerto Madryn obligaba automáticamente 'a la restitución de la menor'". Ese fue el inicio del calvario de ambas.

    Y continúa: "Estuvimos ocho meses apelando la decisión de la jueza de enviar a mi hija a Puerto Madryn, porque ella es nacida y criada en Buenos Aires. De hecho la relación con el padre la mantuvimos acá hija y aún así la jueza ordenó la restitución en seis días".

    Eso sucedió en noviembre de 2014 y Bonazzi debió irse bajo la amenaza de que si no lo hacía la niña sería, de todos modos, llevada con su padre. "A pesar de todas las denuncias de violencia que le había puesto, a pesar de haber sido atendida en la guardia de un hospital de (Puerto) Madryn y de que en la Oficina de Violencia Doméstica constataron los golpes de los que tienen fotos —tengo copias de todo ese proceso—, a pesar de que cuando fui al Juzgado N° 56 para hacer la denuncia automáticamente se la hiló a otro expediente que él tenía por violencia de genero (lo había requerido otra mujer por agresiones) y que quedó asentado que tenía antecedentes, cosa que yo no sabia, la jueza, sin embargo, ordenó la restitución de mi hija y en noviembre de 2014, nos obligó a regresar a Madryn".

    Al llegar a esa ciudad, las cosas empeoraron para Carisa y su hija de 5 años: "En teoría nos trasladamos para tener una fecha de advenimiento, pero al llegar a esa audiencia, la jueza me impuso una prohibición para salir de la ciudad. Eso automáticamente nos dejó en la calle porque jamás nos dio algún tipo de resguardo. Simplemente, le fijó al denunciado una cuota alimentaria de $1.000 por mes sabiendo que en Chubut yo no tenía ni familia, ni amigos, ni trabajo. Mi hija se quedó sin escolaridad mientras en Buenos Aires iba a la salita de 2 años y yo tenía mi trabajo, mi casa —recuerda apenada- Antes de separarme estuve un año recibiendo amenazas de que si lo hacía, me mataba o mataba a mi hija, que iba a quitármela y que iba a matar a mi familia. Terminé inmersa en una situación de amenazas de la que me costó mucho salir".

    Un estudio realizado por la Dirección de Estadísticas e Indicadores Judiciales del Superior Tribunal de Justicia reveló que los casos de violencia doméstica se incrementaron un 26% en 2016 respecto a 2015.

    Pese a la situación inexplicablemente impuesta, Carisa logró instalarse en la nueva ciudad en la que se siente secuestrada. "Salí adelante, pero él sigue acercándose a mi domicilio al que llega drogado y se violenta al punto de que mi hija no quiere ir con el papá porque la trata mal, le pega y la deja encerrada en una habitación. Después de que la nena me cuenta eso, él me pega. Vuelvo a hacer una denuncia en la Comisaria de la Mujer y responden que ¡tardará 72 horas en pasar a la Fiscalía!… Tengo que volver a mi casa, sola con mi hija, mientras no me dan ningún tipo de respuesta. La jueza no aprueba las prohibiciones para que no se nos acerque. La única vez que lo hizo fue por 15 días siendo que él es reincidente en violencia y consumidor de drogas".

    Carisa contó también que pidió el botón antipánico, pero no lo obtuvo pese a que hace 20 días se declaró a Chubut como provincia en emergencia por violencia de género debido a los últimos femicidios. "Ahí te das cuenta de que hay un manejo horrible en el sistema judicial, no hay acompañamiento ni asesoramiento a las víctimas y tampoco hay un equipo interdisciplinario capacitado que nos acompañe hasta lograr que nuestro agresor no se nos acerque más".

    En 2016, un informe develó que en Argentina muere una mujer cada 30 horas victima de femicidio.

    Finalmente, pese a no poder nombrarlo y a no querer develar el nombre de la jueza (Delma Irina Viani, según figura en la página de la Circunscripción Judicial Puerto Madryn del Poder Judicial de Chubut) cuenta que la familia de su ex pareja "tiene peso" en esa región. "Habernos hecho quedar en una ciudad que no es la nuestra ya es un delito y está violando todos nuestros derechos. Nos tienen presas en una ciudad como si hubiésemos cometido un delito, cuando el único delito que parece que cometí fue separarme de una persona", cerró.

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