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Causa Correo: la Justicia designó un “coadministrador” en la empresa

El Correo centralizará la operatoria desde un nuevo portal
El Correo centralizará la operatoria desde un nuevo portal

El Gobierno fue a la Corte Suprema Justicia para pedir más tiempo en la causa en donde se analiza la deuda entre el Estado y la empresa Correo Argentino, controlada por el grupo Macri. La Cámara Comercial envío al máximo tribunal un planteo que hizo la Procuración Nacional del Tesoro en busca de más tiempo para resolver si acepta o rechaza una propuesta de la empresa en el marco del concurso de acreedores.

Mientras tanto, la jueza Marta Cirulli resolvió designar a un coadministrador del Correo Argentino SA -que ya está a cargo de síndicos por estar en un concurso de acreedores. Pero ahora Cirulli entendió que pudieron haber habido maniobras con los “pasivos postconcursales”. Desde hace un año y medio, la fiscal del caso Gabriela Boquín viene denunciado la sospecha de un vaciamiento de la empresa en favor del grupo Macri y en perjuicio de sus acreedores. Aseguró que eso se hacía, por ejemplo, través del alquiler de de inmuebles y pagos a firmas vinculadas al grupo Macri y estudios jurídicos, indicaron fuentes judiciales.

La historia de esta causa es larga. Desde 2001, la Justicia comercial lleva adelante una causa por el concurso preventivo de Correo Argentino S.A. (CASA). El expediente está en manos actualmente de la jueza en lo comercial Marta Cirulli, e interviene la Sala B Cámara Nacional en lo Comercial.

Fue en ese expediente en donde la fiscal Gabriela Boquín impugnó un acuerdo al que habían llegado la empresa y el Estado por una quita de deuda. El Gobierno y el Correo Argentino –controlado por Socma Americana SA, de la familia Macri– firmaron en 2016 un acuerdo sobre la deuda por $ 292 millones que la empresa tiene con el Estado desde 2001. Pero la fiscal Boquín dictaminó que debía rechazarse la propuesta por entender que era “abusiva” e implicaba un perjuicio al patrimonio estatal, ya que, actualizado el monto por inflación, implicaría una quita de más de $ 4 mil millones en la actualidad y de más de $ 70 mil millones a 2033, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.

En ese expediente que tramita en Comodoro Py fueron llamados a declarar, entre otros, el ministro Oscar Aguad, un funcionario y dos abogados de Correo, y en las últimas horas el juez Ariel Lijo dispuso un estudio contable para esclarecer si, efectivamente, esa quita fue o no abusiva.

Pero mientras en Comodoro Py se debate el tema penal, en la justicia comercial sigue sin definirse el tema del concurso de acreedores. Y la fiscal Boquín viene cuestionando la excesiva dilación de la causa y una suerte de connivencia de representantes del Estado Nacional para demorar el trámite. La funcionaria puso en la mira al procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías al sostener “pareciera que en base al decreto 201/17 por los conflictos de intereses existentes, se estaría beneficiando a la concursada, lo cual es justamente lo que el decreto buscaría evitar, debiendo ser éste un parámetro de interpretación que el Procurador del Tesoro no tiene presente”.

A mediados de julio, Correo Argentino SA hizo una nueva propuesta para los acreedores, pero el Estado Nacional, a través de la Procuración, pidió aclaraciones y solicitó la suspensión del plazo para expedirse por un término no menor a 120 días. La Cámara denegó esa suspensión, aunque concedió una prórroga de 15 días para que el Estado manifieste si acepta o rechaza la propuesta.

Pero la Procuración llevó ahora el planteo a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario, en donde habló de “gravedad institucional”. La Cámara Comercial lo concedió sin correr traslado al resto de las partes y aunque los plazos se encontraban vencidos.

Dijo la Cámara Federal en su resolución: “Habida cuenta que la decisión atacada es recurrida por el Estado Nacional invocando estar en juego principios esenciales de orden social –cuyas consecuencias podrían proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-, júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a lo pretendido”. El caso llegó a la Corte Suprema para su estudio.

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