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Catorce acusados en Rumanía de maltratar a adolescentes alemanes

La justicia rumana inculpó el viernes a 14 personas sospechosas de maltratar a adolescentes alemanes recibidos para estancias de reinserción en el campo en un centro dirigido por una pareja de alemanes, principales sospechosos del caso.

Al término de la investigación, cuya revelación en agosto causó gran revuelo, los fiscales rumanos estiman que los adolescentes de 12 a 18 años que pasaron por la granja que la pareja alemana tiene en el norte de Rumanía, fueron sometidos a “tratos profundamente abusivos”.

“Estuvieron en condiciones similares a la esclavitud, explotados porque fueron forzados a trabajar más allá de su capacidad física hasta el agotamiento, privados de alimentos y de libertad”, escribe la fiscalía encargada de la lucha contra el crimen organizado (DIICOT) en un comunicado.

Además de la pareja, Bert y Babett Schumann, otras doce personas han sido acusadas de pertenencia a organización criminal, tráfico de menores, privación de libertad y blanqueo de dinero.

Entre las personas acusadas figura un responsable local de la protección de la infancia acusado de haber cerrado los ojos a los malos tratos, personal empleado por el centro de ayuda a los adolescentes y habitantes de la localidad sospechosos de haberlos hecho trabajar.

La estructura, “Projekt Maramures”, recibía desde hace varios años a jóvenes en dificultad para su reinserción. El centro trabajaba con los habitantes de la localidad con los que los jóvenes realizaban diferentes actividades.

Cuando la policía rumana intervino el pasado verano, procediendo a detenciones, veinte menores alemanes se encontrabajan en la granja situada en Viseu de Sus, cerca de la frontera ucraniana.

Las autoridades aseguraron entonces que en los “últimos 20 años nunca habían oído hablar de problemas” con este proyecto que recibe subvenciones públicas.

Durante las investigaciones, se encontraron 137.000 euros en el domicilio de Schuman y 9.000 euros en casa de uno de sus colaboradores y supuesto cómplice.

La fiscalía rumana considera que los fondos entregados por el Estado alemán fueron “utilizados principalmente para fines diferentes a los que fueron entregados”.

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