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Caso Saldaño: “EEUU no quiere cumplir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó el abogado del argentino que fue condenado a muerte en Texas

Luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara la revisión del caso, la ejecución de Víctor Hugo Saldaño resulta inminente. No obstante, el abogado del argentino que fue condenado a muerte en Texas, continuó criticando el accionar de la justicia de aquel país. “La única sentencia (que podría favorecer a su cliente) es la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el estado americano no quiere cumplir”, afirmó Juan Carlos Vega, el defensor del cordobés de 47 años que desde 1995 está detenido en el “Corredor de la Muerte”, como se conoce a la prisión ubicada a una hora de la ciudad de Houston.

El letrado se refirió así al “Tratado que integra la Carta de la OEA y que fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos en 1948″. “De allí que la decisión de fondo de la CIDH fundada en este Tratado Internacional sea obligatoria para Estados Unidos. Ninguna norma del derecho interno de ese país puede ser utilizada para suspender o neutralizar la vigencia operativa y el valor jurídico vinculante del Informe de la CIDH 76/16″, insistió el abogado.

Las declaraciones de Vega se dieron en un contexto extremo para Saldaño: la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó rever su caso, por lo que podría ser ejecutado en los próximos días. La semana pasada, Vega participó de un encuentro en la CIDH, tras el que manifestó su expectativa de que Estados Unidos cumpliera “con la decisión de fondo de la Comisión, ya que la víctima es una sola” y criticó el “racismo” de ese país para con su cliente. ”Este es el primer precedente en el Sistema Interamericano de DDHH que condena a los Estados Unidos por vicios de racismo en su sistema judicial”, había asegurado el abogado, que a su vez aseguró que ese país es el “responsable exclusivo por plurales violaciones fundadas en pruebas de que hubo racismo”.

Vega destacó que 13 países americanos apoyan el derecho de las víctimas en este caso, “tal como surge del Amicus Curiae interpuesto por Argentina ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en septiembre de este año”. Las naciones a las que citó el abogado son Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, México, Honduras, República Dominicana, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay.

Víctor Saldaño fue condenado a muerte en dos ocasiones por la Justicia de Texas, por el homicidio de Paul Ray King, un vendedor de computadoras al que asesinó en noviembre de 1995 junto a un cómplice mexicano, Jorge Chávez, para robarle un reloj y 50 dólares en las afueras de la ciudad de Plano.

Victor Hugo Saldaño, en una entrevista en la prisión Allan Polunsky de Texas, en 2007.
Victor Hugo Saldaño, en una entrevista en la prisión Allan Polunsky de Texas, en 2007.

Uno de esos fallos fue anulado por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, tras acreditar que se utilizó un criterio racista para dictar la sentencia. En consecuencia, el máximo tribunal ordenó al Poder Judicial del estado sureño realizar un nuevo juicio que no estuviera viciado. Sin embargo, Saldaño fue declarado culpable y condenado a muerte nuevamente. Para ese entonces la salud mental del argentino ya se encontraba completamente devastada, luego de haber pasado nueve años en condiciones de aislamiento extremas. Por esta razón, su defensa legal solicitó, sin éxito, que fuera trasladado a un neuropsiquiátrico.

Recientemente, ante la inminente ejecución de su hijo, Lidia Guerrero habló con Cadena 3 y expresó su desazón: “Es una posibilidad remota que la Corte tome el caso. Como aquella vez que anuló el primer juicio, ahora denegó la última instancia de apelación”.

“Estados Unidos sabe lo que hace, ya no se trata de la opinión de una madre”, sostuvo tras aseverar que la CIDH y la OEA habían dictaminado la anulación de estos juicios. “Ellos son responsables de la decisión que tomen”, enfatizó la madre de Saldaño sobre la justicia del país norteamericana, a la vez que desestimó la posibilidad de recurrir a otra instancia judicial para revertir la ejecución.

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