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Acusaron de crueldad al hombre que arrastró a una perra sobre la Ruta 65, en Fernández Oro

Este jueves formularon cargos contra un hombre que fue acusado de atar a una perra a su automóvil y arrastrarla por la Ruta “chica”. Los cargos son por violación a la Ley de Protección de Animal, ya que consideraron, cometió un “acto de crueldad” en contra del animal. En las afueras del Poder Judicial se generó tensión e insultos.

Este jueves, la fiscal Rocío Guiñazú, y la adjunta de fiscalía Yesica Montenegro, formularon cargos por violación a la Ley de Protección de Animal.

Familiares del imputado insultaron a varios representantes de asociaciones proteccionistas, y se generaron situaciones de agresión física y verbal, con insultos y empujones.

Se trata de un hecho que ocurrió el 22 de mayo, casi sobre la medianoche del 23. El acusado ató con una cuerda a la perra llamada “Estelita”, y la arrastró sobre la cinta asfáltica de la Ruta 65, a la altura del derivador de ingreso a Fernández Oro, por calle Iguazú.

Cuando entró a Oro, un grupo de taxistas vio lo que estaba haciendo. El hombre se excusó, metió a la perra adentro de su auto, y se fue del lugar.

Al día siguiente la perra fue hallada, abandonada, y dieron aviso a miembros de la Asociación Protectora de Animales de Fernández Oro (Apafo). Desde esta organización la atendieron y le brindaron asistencia veterinaria.

Los veterinarios que asistieron a “Estelita” dejaron constancia de las heridas que tenía en distintas partes del cuerpo, e iniciaron el tratamiento para curarla. Por desgracia, pese a los esfuerzos de los veterinarios, no lograron que la perra se recupere y el pasado cuatro de agosto falleció, tras varias semanas de agonía.

La hipótesis fiscal sostiene que las lesiones fueron provocadas, de forma intencional, por el acusado, que habría provocado “torturas y sufrimientos innecesarios a su perra galga”. Encuadraron esta conducta en el delito de Crueldad animal, que se indica en el artículo 3, inciso 7º, de la Ley Nacional 14.346.

Las querellas fueron representadas por la Asociación de Funcionarios y Abogados en Defensa de los Animales (AFADA), a cargo de la abogada Julia Busqueta, y de Apafo, cuya abogada es Carola Correa. Estuvieron conformes con la acusación, apoyaron la evidencia de la fiscalía y adelantaron que pedirán la participación de un perito de parte.

La defensora oficial que representó al imputado fue Silvana Ayenao, quien no mostró objeciones al hecho imputado ni a la evidencia que expuso la fiscalía.

El Juez de Garantías, Marcelo Gomez, dio por formulados los cargos, y otorgó un plazo de cuatro meses para que se concrete la investigación penal preparatoria.

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