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    Proyecto “House Of Cards”: los 6 aspectos de la ley para regular el lobby empresarial en Argentina

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    (Nicolás Stulberg)

    El Proyecto de Ley de Gestión de Intereses, para regular la actividad conocida como “lobby”, consta de 13 artículos y comenzará a ser tratado esta semana en el Congreso en un plenario de comisiones. El secretario de Asuntos Políticos del ministerio del Interior, Adrián Pérez, será quien detallará los alcances de la iniciativa en el Congreso de la Nación.

    En los pasillos del Congreso varios legisladores denominan este Proyecto como la futura ley  “House Of Cards”. En particular, se hace alusión a la serie protagonizada por el actor Kevin Spacey (Frank Underwood en la ficción), donde hay un lobista llamado Remy Danton, que es empleado de la consultora Glendon Hill y hace gestiones dentro de la Casa Blanca para la empresa de gas SanCorp que fue perjudicada por un programa del Gobierno. En los Estados Unidos, el “lobby” está reglamentado por ley y eso es lo que buscan los legisladores de Cambiemos con este proyecto.

    “El proyecto contempla la obligación para los funcionarios de los tres poderes del Estado de llevar un registro público de sus audiencias con los gestores de intereses, consignando nombres de los visitantes, sus respectivos cargos, fecha y hora de los encuentros, los temas allí abordados y los objetivos”, manifestó un funcionario del Gobierno a Infobae.

    Estos son los principales aspectos del proyecto de ley que quiere tener aprobado el presidente Mauricio Macri antes de las elecciones legislativas de octubre próximo para evitar futuros conflictos de intereses.

    1- El objetivo principal, del proyecto es publicitar las audiencias públicas en pos de una mayor integridad y transparencia; generar igualdad de trato para todos los solicitantes de audiencias sobre una misma materia y tener el acceso a la información relativa a los actos de gobierno para el control ciudadano. Es decir, quitar cualquier tipo de sospecha sobre reuniones secretas con información detallada sobre su contenido el objetivo de la normativa será el de regular la actividad y publicidad de la gestión de intereses ante los diferentes organismos del Estado nacional.

    2- Contempla la obligación para los funcionarios públicos de llevar un registro público de sus audiencias con los gestores de intereses. El registro de audiencias obligará a los funcionarios a resumir el lugar, la fecha, la hora, el nombre de quienes solicitaron el encuentro y quiénes asistieron; pero, sobre todo, una síntesis del contenido a modo de registro de lo charlado y los principales objetivos de ese encuentro.

    3- El proyecto de ley define como como gestión de intereses  a toda actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones de quien ejerce una función pública, a favor de “un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental.

    4- Quedan exceptuadas del régimen de lobby las audiencias solicitadas por personas humanas por asuntos privados, con la salvedad de aquellas que impliquen intereses económicos de importancia tal que pueda resultar de interés público; las entrevistas laborales y las de solicitud de asesoramiento técnico a personas humanas o jurídicas, y las audiencias solicitadas por funcionarios públicos o por diplomáticos de Estados extranjeros en ejercicio de sus funciones oficiales.

    5- Considera la igualdad de trato, esto implica que si un funcionario recibe a un actor implicado en un debate público por una nueva norma en determinado sector está obligado a reunirse también, si se lo solicitan, con otros eventuales afectados como un competidor directo y gremios y a asociaciones de consumidores, para brindar sus puntos de vista. Se equipara en este caso a una ONG que busca oponerse a un proyecto con una multinacional que intenta impulsarlo y se las pone en igualdad de condiciones.

    6- En el caso de los incumplimientos, como no agendar una audiencia particular, las autoridades de aplicación de cada uno de los poderes, fijará una sanción correspondiente, que podría llegar a pedir la renuncia del funcionario. “Las sanciones para quienes incumplan estarán atadas a la normativa vigente en materia de responsabilidad disciplinaria, administrativa, civil o penal, y las autoridades de aplicación recibirán denuncias de cualquier persona en caso de incumplimiento y cada autoridad de aplicación podrá dictar normas reglamentarias, aclaratorias o complementarias”, comentó la fuente del Gobierno a Infobae.

    Este régimen de gestión de intereses, que está vigente en países como Chile y Estados Unidos, tiene como propósito publicitar las audiencias como un mecanismo para lograr “transparencia” en los actos públicos, y también garantizar “igualdad de trato” para todos los solicitantes de las audiencias.

    El artículo 1 del proyecto insta a “regular la actividad y publicidad de la gestión de intereses ante los diferentes organismos del Estado nacional”.

    “Lo más difícil es definir qué se entiende por gestión de intereses y es la actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones a favor de un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental”, comentó la fuente oficial a Infobae, y agregó que “el rol del gestor de intereses lo podrán hacerlo todas las personas que ejerzan de manera habitual u ocasional esa tarea y el sujeto obligado funcionarios o empleados signados por la ley”.

    adrian perez Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del ministerio del Interior.

    Este proyecto de ley está basado en gran parte de la legislación norteamericana, donde hay un registro de lobistas matriculados. La principal diferencia es que en Argentina hay consultoras o estudios de abogados que ofrecen servicios de gestión de intereses pero también cualquier persona puede ejercer actividades de lobby en la actualidad.

    Entre las decisiones sobre las que recae la gestión de lobby hay expedientes administrativos en curso y resueltos, la elaboración de un anteproyecto, proyecto de ley o cualquier otra norma que pueda ser sensible a lobby, los procedimientos de contratación de bienes y servicios, la elaboración e implementación de políticas públicas y el procedimiento para otorgar el acuerdo senatorial.

    La iniciativa se aplicará tanto en el Poder Legislativo (diputados y senadores, funcionarios de ambas cámaras y auditores generales) y en el Poder Ejecutivo, donde abarca al presidente, vicepresidente, Jefatura de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y directores generales, entre otros. Además se aplicará en los entes reguladores, los empleados que representen al Estado como miembros del órgano de administración, y también en el ámbito judicial y ministerio público, a los jueces, secretarios y demás funcionarios.

    Por ahora, la actividad de lobby,  también conocida como “cabildeo”, sólo se encuentra regulada en el país por el decreto 1.172 de acceso a la información pública que en diciembre del 2003 firmó el ex presidente Néstor Kirchner. Pero al tratarse de un decreto su campo de aplicación se restringe al Poder Ejecutivo Nacional (PEN). En cambio este proyecto de ley prevé ampliar el alcance para mejorar los controles y la transparencia en todas las áreas estatales.

    El proyecto enviado por el ministerio del Interior el pasado 20 de abril será tratado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que presiden los diputados de Cambiemos Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky, respectivamente.

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